Ley de incentivos a inversiones turísticas atrae proyectos en el interior del país por más de 371 millones
La Ley 122 del 31 de diciembre de 2019, que dicta normas de incentivos para el fomento de actividades turísticas en el interior de la República, cuya reglamentación fue firmada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el pasado 27 de julio de 2020 a través del Decreto Ejecutivo 364, atrajo proyectos por un valor total de 371 millones 843 mil 971 balboas (B/.371,843,971) en nuevas inversiones turísticas, que se construirán en zonas con gran potencial turístico.
En total son cinco proyectos de hospedaje público turístico fuera del distrito de Panamá, que fueron presentados por inversionistas a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) e ingresados en el Registro Nacional de Turismo, en cumplimiento de la Ley en mención, que modificó el artículo 9 de la Ley 80 del 8 de noviembre de 2012, propiciando la inversión y el financiamiento para el desarrollo de nuevos proyectos o nuevas etapas y ampliaciones de inversiones existentes en el interior del país.
Estos cinco proyectos que se acogen a la Ley de incentivos a inversiones turísticas, se construirán en Bocas del Toro, Chiriquí, Archipiélago de las Perlas y Punta Chame.
De acuerdo con la Ley, se otorgará un crédito fiscal al inversionista que sea el primer adquirente de los bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por la empresa turística. El inversionista, ya sea nacional o extranjero, podrá usar este crédito a partir del segundo año de la inversión hasta por un monto máximo equivalente al 50% de su ISR, siempre que no exceda el 15% del monto inicial del crédito fiscal y hasta que se consuma el 100%, durante un período de 10 años. Adicionalmente, el crédito podrá ser cedido por la totalidad o la porción no utilizada del crédito. Se acredita el credito a la empresa no-turística que compra los bonos acciones u otro instrumento financiero.
Este incentivo se otorgará hasta el 31 de diciembre del 2025 a los inversionistas que no estén vinculados directa o indirectamente con la empresa turística que emita el instrumento financiero.
La Ley también señala que los bonos, acciones y demás instrumentos financieros deberán estar registrados en la Superintendencia de Mercado de Valores, así como en la Bolsa de Valores de la República de Panamá y emitidos por empresas que estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo.
Esta Ley es un catalizador de inversiones a través de mecanismos que facilitarán la capitalización de proyectos, convirtiéndose así en una herramienta importante para combatir la pobreza y desigualdad en el país mediante la creación de empleos.
De acuerdo a las estimaciones de la ATP, este incentivo tendrá un impacto positivo para la industria, actualmente afectada por la pandemia mundial del nuevo coronavirus, a través de la atracción de nuevas inversiones por cientos de millones de dólares, mejorando la planta turística en el interior del país, como es el caso de los proyectos que ya están en trámite.
Adicionalmente, la ley 122 contribuye a la ejecución del Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS) 2020-2025, que basado en el modelo de Turismo-Conservación-Investigación (TCI), propone enfocar esfuerzos en la captación de inversiones para la conservación y hacia proyectos que pongan en valor el posicionamiento de la marca Panamá y la preservación del medioambiente, la cultura y las comunidades de impacto, es decir, inversión que refuerce la sostenibilidad ambiental, social y cultural de los destinos.
